La Abogacía se pliega al separatismo: pide que Junqueras pueda ejercer de eurodiputado

La Abogacía del Estado se ha pronunciado finalmente a favor de que Oriol Junqueras pueda salir de la cárcel para realizar sus trámites como eurodiputado y, además, ejercer como tal mientras se tramita el suplicatorio. El gesto del Gobierno a través del escrito de los letrados públicos, que estaba previsto para el pasado lunes, era esencial para que ERC permita a Sánchez seguir en La Moncloa, y va más allá de la propia postura que, en junio, expresó la Abogacía.

Los servicios jurídicos del Estado piden al Supremo que estime el recurso de Junqueras y le permita tomar posesión como eurodiputado, afirmando que «cabría permitir» su desplazamiento tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios. 

Pero, además, solicita al Alto Tribunal que haga posible el ejercicio de su función representativa mientras mantenga su estatus de miembro de la Eurocámara. Es decir, mientras se tramita el suplicatorio. 

Al mismo tiempo, la Abogacía insta a los magistrados a solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “a la mayor brevedad”. 

Esto es, los servicios jurídicos del Estado reclaman, sin matices, al Supremo que pida Bruselas de inmediato la «suspensión» de su inmunidad por la condena firme en el juicio del  ‘procés’.

Decidirá el Supremo

La Abogacía deja en manos del Supremo la decisión de cómo deberá articularse que Junqueras cumpla con sus funciones parlamentarias. Y, en este contexto, propone a la Sala que aplique las medidas de aseguramiento más adecuadas para garantizar su misión como representante y, al mismo tiempo, el cumplimiento de la sentencia del ‘procés’. Es decir, no accede, como solicitó ERC, a la anulación de la condena por el referéndum ilegal.

El escrito entiende que, según la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que reconoce la inmunidad de Junqueras, esos efectos no deben limitarse a permitir al eurodiputado electo desplazarse al Parlamento Europeo para tomar posesión de su cargo, sino que la inmunidad reconocida tiene como finalidad expresa que los miembros de esa Cámara “puedan dar cumplimiento a su misión”, según el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que invoca Luxemburgo.

Según la Abogacía, es el Supremo el que debe decidir la forma en la que se haga posible que Junqueras desempeñe esa misión, que no se circunscribe únicamente a ese desplazamiento, sino que implica “el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario”.

Encontrar la fórmula para satisfacer a los republicanos ha sido un empeño complicado para el Ejecutivo en funciones, pendiente ahora de la decisión de los independentistas.

La postura de la Abogacía del Estado va más allá de los que expresó en junio, cuando defendió que Junqueras, elegido miembro del Parlamento Europeo, realizase los trámites correspondientes para su acreditación. El escrito es la reacción a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que, en respuesta al Supremo, aseguró que «una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades aparejadas a tal condición».

Junqueras se encontraba en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017 y en las elecciones al Parlamento Europeo, del 26 de mayo, logró un escaño. El Tribunal Supremo, en cambio, rechazó que acudiese a cumplir con el trámite de acatar la Constitución. Antepuso el buen fin del proceso judicial que se celebraba contra él. No obstante, el líder de ERC tiene ahora una condena firme a 13 años de prisión por sendos delitos de sedición en concurso medial con malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Desde que se conoció la sentencia europea, ERC ha endurecido su postura pública, tensando la investidura, en espera del criterio de la Abogacía. El gesto de Sánchez sólo podía llegar por esta vía, dado que tanto la Fiscalía como la acusación popular, ya habían manifestado su oposición a que la decisión europea se aplicase con efectos retroactivos.

Los republicanos conocían ya el contenido del informe, dado que el Gobierno se lo adelantó este domingo. Según fuentes de la negociación, el partido de Junqueras aceptó el escrito, de forma que la investidura queda desbloqueada y sólo pendiente de la ratificación del apoyo a Sánchez por parte del Consejo Nacional de los republicanos.

Fiscalía

La postura de la Abogacía contrasta radicalmente con la de la Fiscalía que, en su escrito, instó al instructor, el juez Pablo Llarena, a mantener las euroórdenes contra los dos dirigentes secesionistas prófugos.

«La inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad», aseveró la Fiscalía en su informe, presentado ya hace días.  En el mismo se recuerda que Junqueras ha sido «ejecutoriamente condenado a 13 años de prisión, así como a inhabilitación absoluta por 13 años».

La Moncloa está ahora pendiente del próximo paso de ERC. Su intención sigue siendo celebrar cuanto antes la investidura, aunque la idea de que sea antes de Reyes es difícil. Los plazos regulados lo complican, sobre todo, teniendo en cuenta que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, prometió a los diputados avisarles con dos días de antelación.

Así, Sánchez sería investido con el apoyo de ERC, vía abstención. Esto es, con el apoyo implícito de una formación que no renuncia al referéndum ilegal, que el propio Junqueras considera «inevitable».